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ACTUANDO EN CONTRA DE LA NATURALEZA


Por Alejandra Carvajal

La contaminación que se presenta en las principales ciudades del país, así como avalanchas como la de Mocoa y el accidente del puente de Chirajara son eventos absolutamente previsibles, frente a los que la pasividad de las autoridades ha generado miles de damnificados y pérdidas económicas incalculables.

La actual emergencia por la cual atraviesan distintas ciudades del país es la evidencia de lo mucho que se necesita renovar a nivel nacional y municipal los planes de acción en materia climática. Para el caso puntual de Bogotá, Medellín y Bucaramanga la falta de planificación ha cobrado no solamente vidas, sino también gastos enormes a las empresas de distintos sectores de la economía, como consecuencia de las medidas que han tenido que tomar las administraciones locales, como el pico y placa, para disminuir en algún grado los efectos perjudiciales de la contaminación atmosférica. Los gastos hospitalarios también han representado un gasto importante, así como las incapacidades laborales presentadas por cuenta de la mala calidad del aire.

Todo esto hubiera podido evitarse si para los “grandes estrategas” que hemos tenido en cargos de responsabilidad y de alta dirección del Estado hubieran dado al tema la importancia que se merece, el cual parece tomar un lugar relevante en la agenda de las autoridades locales hasta ahora. En el pasado se habían realizado avances importantes, como la creación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en 1974, o la creación del Ministerio de Ambiente en el año 93. Uno de los pilares más importantes, si no el más ha sido la Constitución del 91, también llamada como la Constitución Ecológica, ya que dio un lugar preponderante a los derechos y deberes que todos los colombianos tenemos en materia ambiental.

La tutela presentada por 25 niños y jóvenes en la que solicitaban la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, que consideraban amenazados por la tala indiscriminada en la Amazonia y sus efectos en el calentamiento del país fue fallada a su favor por parte de la Corte Suprema de Justicia. La declaración reciente del Río Atrato como persona jurídica también ha sido un antecedente fundamental, que ha permitido la mejoría del río, haciendo que los pescadores pudieran volver a pescar. Esos ha sido avances importantes, sin embargo, insuficientes.

La tragedia de Mocoa, de la cual se conmemoran ya dos años, era absolutamente previsible. La deforestación del bosque fue uno de los factores determinantes de la magnitud del daño. A pesar de las advertencias de CorpoAmazonía, las autoridades locales no hicieron nada y como consecuencia fallecieron más de 300 personas, también hubo más de 1.000 damnificados. Similar fue el destino de Gramalote donde más de 4.000 personas quedaron sin casa. El caso de Salgar (Antioquia) es similar, pues el desbordamiento de la quebrada la Liboriana también era previsible.

Tampoco hemos aprendido a construir

No podemos dejar atrás casos como el de Hidrohituango, que si bien no ha cobrado vidas, estropeó por completo el ecosistema, dejando daños sociales y económicos incalculabes. Los defectuosos diseños de la Vía al Llano causaron la muerte de 10 trabajadores, y pérdidas para el comercio, los transportadores y el turismo. Construir sobre la cordillera de los Andes es todo un reto, y cuando esta no se respeta sencillamente responde. En este corredor vial, así como en otros del país por cuenta de los deslizamientos se han perdido cientos de vidas humanas, que hubieran podido salvarse. Los derrames de petróleo, como el de la Lizama, de 550 barriles de crudo que generó la contaminación de 9 cuencas hídricas pudo evitarse.

La deforestación generada en el Amazonas y el Pacífico colombianos por cuenta del narcotráfico compromete seriamente el futuro del país; también nos pone lejos del cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y del Acuerdo de París. Ahora, a nivel internacional puede generarnos sanciones, como la descertificación anunciada en el pasado por parte de Trump, quien de nuevo insiste en que Colombia está lejos de cumplir con los compromisos adquiridos con el gobierno de Estados Unidos.

Todos son temas urgentes, y que al igual que la emergencia ambiental que vivimos en las principales ciudades capitales del país, no pueden esperar a ser atendidos cuando el problema haya explotado. La escasa asignación presupuestal otorgada a entidades como el Ministerio de Ambiente no mejoran la situación.

La naturaleza reacciona cuando atentamos contra ella, sin embargo continuamos haciéndolo. La planeación estratégica de políticas públicas debe ponerse de relieve y ser el epicentro de la normatividad que vaya a desarrollarse en adelante.

Pdta: Mientras tanto, en Bogotá se siguen talando árboles, a pesar de lo muy necesarios que son. Si bien es cierto la Alcaldía ha manifestado que ha sembrado más de los que ha talado, estos nuevos árboles tardarán más de 10 años en crecer. La captura de carbono por parte de árboles que han tardado en algunos casos más de 50 años en crecer, jamás podrá compararse con la de estás plántulas que apenas están creciendo.

Fuente: Dinero.com

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